Baires Digital El primer diario empresarial

Política

Gobierno quiere sumar a extraordinarias aval para 50 nuevos jueces

Mensaje para que el Senado apruebe antes del 21 de diciembre pliegos que ya fueron escogidos por la Casa Rosada para ocupar vacantes. Contencioso y Casación, al frente. Exjuzgado de Oyarbide, tributo para Comodoro Py.

12/12/2018

 

Mauricio Macri sumará a la convocatoria al Senado a sesiones extraordinarias un apartado para la aprobación de 50 pliegos de jueces, fiscales y defensores que ya están ingresados a la espera de aval. Ese es uno de los acuerdos con la bancada del PJ que preside Miguel Ángel Pichetto (flamante hombre fuerte del Consejo de la Magistratura) que se completará con un centenar de nombramientos previstos para febrero. Así, la Casa Rosada completará parte del plan de designaciones que fue activado durante la intensa labor del órgano de selección de jueces y que aguardaban la lapicera presidencial. La novedad tiene relevancia porque entre otros asuntos se resolverá la cobertura de estratégicas vacantes en el fuero Contencioso Administrativo Federal y se completará la Cámara Federal de Casación Penal, entre otros.

Más allá de para el tratamiento de proyectos de ley clave para la administración Cambiemos, el Gobierno busca oficializar el temario de cobertura de vacantes como uno de los puntos clave que tendrán que ser discutidos hasta el 21 de diciembre. Hasta ahora había en agenda unos 40 asuntos, entre los que se contaba el espinoso asunto del Financiamiento de Partidos Políticos.

Sin embargo, el festival de designaciones también alcanza ottras jurisdicciones más allá de lo federal que es la justicia nacional de la Capital Federal. Tribunales Orales de General Roca (Río Negro), La Rioja, Córdoba, entre otras latitudes. Incluyen varios jueces que serán nombrados en el ámbito criminal y correccional de la Capital Federal.

En el camino hubo un curioso movimiento: se quitó el mensaje para darle acuerdo a un candidato a vocal de la Cámara Nacional en lo Comercial, Gerardo Santicchia. Sin embargo, en esa misma vacante fue propuesto el juez de primera instancia de ese fuero Javier Cosentino. Lo acompañará como postulante pero para otra sala Héctor Chomer.

Jueces laborales también están en la nómina que envió el Poder Ejecutivo y que cuenta con estado parlamentario. Sin dudas, los más relevantes son Javier Carbajo, actual secretario de la Casación Federal que completará el tribunal que será presidido durante 2019 por Juan Carlos Gemignani. En la otra vereda, aguardan juzgados estratégicos donde el Gobierno aspira a renovar el 50% de la totalidad de los magistrados de primera instancia. Como anticipó Ámbito Financiero están en juego varios nombres que giran en torno a la égida de poder de la propia Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. La Casa Rosada quiere que el Senado apruebe la solicitud de acuerdo para Macarena Marra Giménez y Santiago Carrillo para los juzgados federales N°12 y N°3 respectivamente. Analía Conde, actual secretaria de la Sala II de la Cámara de Apelaciones de esos tribunales, fue la última en ser girada al Senado para obtener aval. Antes había hecho lo propio con Natalia Mortier, proveniente de la Justicia porteña y con la venia del ministro de Justicia Germán Garavano. Otro de los pliegos firmados es para Comodoro Py: María Eugenia Capuchetti fue la elegida por Mauricio Macri para sentarse en el juzgado que dejó vacante la ruidosa renuncia de Norberto Oyarbide. Se le sumarán un puñado de fiscales. Alguno de los múltiples concursos que giró el Consejo al escritorio de Macri tendrán su firma estampada para febrero. Todos los designados cargan ya con una certeza: deberán tributar Impuesto a las Ganancias apenas desembarquen en sus nuevos puestos. Todo ello si no se pacta la alícuota sobre la que comenzarán a pagar, en una suerte de salomónica decisión para no agitar las aguas con el Poder Judicial.

En el camino, quedaron vestigios de la democratización de la justicia kirchnerista, con la derogación de las Cámaras de Casación para los fueros contencioso administrativo, civil y comercial federal y laboral que nunca se pusieron en vigor y habían sido suspendidas apenas Macri aterrizó en la Casa Rosada, a modo de señal de que serían congeladas.