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on la negociación en punto muerto, el Gobierno activó un "plan B" para hacerle frente a la ola del Lava Jato. Un equipo interministerial trabaja para detectar si hubo irregularidades con Odebrecht en el soterramiento del Sarmiento, y evalúa si se puede apartar y multar a la empresa con fundamentos legales, sin recibir una contrademanda millonaria.

Mauricio Macri tiene en mente dos deseos. Por un lado, convencido de que podrá despegar a sus allegados de la trama de los sobornos, quiere conocer el listado de los "coimeados". Por el otro, sabe que si la gigante brasileña se corre del soterramiento del Sarmiento (la única obra vigente de Odebrecht con el gobierno nacional) podrá sortear el costo político de hacerle pagos millonarios a una empresa que se admitió corrupta.

Según pudo conocer LA NACION, anteanoche se reunieron en el despacho del vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui, el procurador del Tesoro de la Nación, Bernardo Saravia Frías, y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, para trazar un estado de situación y planear los pasos a seguir.

Se espera que en los próximos días se oficialice un ente tripartito integrado por Transporte, la Procuración del Tesoro y la Sindicatura General de la Nación (Sigen) para analizar a fondo todos los antecedentes del Sarmiento. "Los equipos van a analizar si hubo irregularidades con Odebrecht. Hay que encontrar razones legales para apartarlos, porque hay que cuidar la situación del Estado y evitar que la empresa inicie nuevas demandas millonarias", señaló a LA NACION un funcionario que tuvo acceso a la reunión del miércoles.

Otro de los presentes fue más cauto y evaluó: "Dietrich no puede, de un día para el otro, rescindir el contrato con Odebrecht, porque si lo hace, ¿cuál es el costo? Hay otras tres empresas que conforman el consorcio a cargo de la obra y los trabajos ahora están avanzando. Lo que importa es soterrar el Sarmiento sin otro juicio por daños y perjuicios".

Tal como reveló LA NACION, Odebrecht ya "mostró los dientes" al demandar una compensación por US$ 202,6 millones por la rescisión del contrato de los gasoductos. En el caso del soterramiento del Sarmiento, el ojo del ente tripartito estará puesto en el proceso de adjudicación y en los desembolsos que hizo la gestión kirchnerista, que ascendieron a $ 865 millones.

Punto muerto

El Gobierno considera que la instancia de negociación que abrió el ministro de Justicia, Germán Garavano, está en "punto muerto": hace 22 días que el Poder Ejecutivo le planteó a la empresa una propuesta de cooperación y le dio un ultimátum, pero la gigante brasileña nunca respondió.

De todas formas, en la Casa Rosada consideran que dejar la puerta entreabierta funciona como elemento de presión política, hacia la empresa y también hacia la Justicia. "Cuando el Poder Ejecutivo dijo que abría el diálogo con Odebrecht los jueces reaccionaron", se jactan en los pasillos gubernamentales. Esa lectura es rechazada de plano en Comodoro Py, donde consideran que sólo el Ministerio Público Fiscal puede hacer un acuerdo en el marco del régimen del arrepentido.

"La obsesión de Macri es conocer quiénes fueron los que recibieron las coimas", señalaron fuentes del Gobierno a LA NACION.

Es que, en la "lista de sospechosos" no sólo está el entorno de el ex ministro de Planificación Julio De Vido, sino también el titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas (por los fondos transferidos por el doleiro Leonardo Meirelles), y Ángelo Calcaterra, primo del Presidente y ex dueño de Iecsa, una de las constructoras que fue socia de Odebrecht y que figura en mails presuntamente alusivos a las coimas. Tener datos concretos de los corrompidos permitiría aclarar las versiones que existen hasta ahora.

Otras fuentes señalaron que Macri desea ver a Odebrecht afuera del consorcio de empresas que realiza el soterramiento. Por eso el Presidente celebró a puertas cerradas la posibilidad de que la constructora italiana Ghella le compre a los brasileños su parte del contrato. Esa transacción entre privados todavía no se oficializó.